La Comisión analizará en mayo una norma que limitará el uso de desinfectantes por motivos ambientales y que impediría limpiar toneles con sulfuroso.

El futuro de las bodegas tal y como las conocemos hoy puede estar en entredicho.

Al menos su modelo de negocio. En el horizonte más inmediato, una amenaza: la revisión de la Directiva sobre Biocidas 98/8 el próximo mes de mayo podría obligar a los criadores de vino a no emplear el anhídrido sulfuroso (SO2) en el proceso de desinfección de barricas. Una normativa de carácter medioambiental no específica del sector vinícola pero con fuertes efectos colaterales en el mismo.

La trascendencia económica que una decisión de este calado tiene aún está por cuantificar, si bien podría traducirse en una acelerada y continua reposición del parque de barricas que incrementaría exponencialmente los costes de elaboración. Y es que el uso del SO2 en la desinfección de las barricas cumple una segunda función: evitar que se deterioren con rapidez. Así, si se limita su uso, las bodegas apenas podrían reutilizar unas barricas cuyo precio oscila entre los 300 y los 800 euros.

La amenaza no es nueva, si bien las últimas semanas buena parte de los bodegueros españoles han tenido conocimiento de una regulación que tendría que haber entrado en vigor en febrero del año pasado pero que fue pospuesta tras las reclamaciones de diferentes organizaciones.

¿Es posible 'indultar' a las bodegas de esta prohibición? Todo pasa por presentar ante la Comisión -antes del mes de mayo- un dictamen técnico en el que se justifique la necesidad del empleo del SO2 en las bodegas y de la ausencia de alternativas para lograr la desinfección de las barricas. Una solución con 'trampa': los entre 300.000 y 500.000 euros que podría costar su redacción.

Así, los productores de vino trabajan ahora en dos direcciones: por un lado recopilar toda la literatura científica sobre el empleo del SO2 y, por otro, recaudar fondos. En este sentido los únicos que hasta la fecha han comprometido aportaciones son la industria de productos enológicos Oenopia, con 12.000 euros; el Comité de Consejeros Reguladores de Francia, 100.000 euros; y la patronal portuguesa ACIBEV-AEVP (30.000 euros). Además, los enólogos franceses han solicitado aportaciones voluntarias de los miembros del colectivo.

En España, la Federación Española del Vino alerta de las graves perturbaciones de la prohibición y apunta que en su momento solicitó la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, si bien decidió «no aportar fondos para el estudio europeo debido a las limitaciones presupuestarias de índole interno y solicitó la colaboración a la industria proveedora y a otras organizaciones del sector».